Derechos Humanos

En los dos últimos años se ha producido un marcado aumento de los abusos a manos del ejército.

En los seis primeros meses de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 559 quejas de abusos cometidos por el ejército, mil 230 en todo el año 2008, frente a sólo 367 en 2007 y 182 en 2006.

Tras estudiar estas quejas, la Comisión ha formulado un número creciente de recomendaciones respecto a abusos cometidos por el ejército: ninguna en 2006, 6 en 2007, 14 en 2008 y 25 al acabar octubre de 2009.

Entre marzo de 2008 y septiembre de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) y una oficina municipal de presentación de quejas en Ciudad Juárez recibieron más de mil 300 quejas de abusos del ejército (Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 2009).

Entre enero y noviembre de 2008, las procuradurías civiles trasladaron a las militares 381 quejas contra el ejército por abusos en las que las víctimas eran civiles.

El ejército abrió 110 investigaciones que desembocaron en sólo 6 casos en los que se formularon acusaciones (acceso a petición de información por Centro Prodh a través de IFAI.

En los dos últimos años, la violencia y los asesinatos atribuidos a la delincuencia organizada han crecido de forma exponencial en México.

Los medios de comunicación informaron de casi 14 mil asesinatos entre enero de 2008 y julio de 2009 (Comisión Nacional de Derechos Humanos, julio de 2009).

La violencia es extrema, con secuestros, descuartizamientos de cadáveres y decapitaciones.

En Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, entre principios de 2008 y septiembre de 2009 hubo 3 mil 052 homicidios atribuidos a la violencia de los cárteles de la droga (Comisión Estatal de Derechos Humanos, julio de 2009).

Poco después de ocupar su cargo, en diciembre de 2006, el presidente Calderón ordenó un gran despliegue de personal militar (hasta 50 mil soldados) para realizar tareas diversas de seguridad pública.

El personal del ejército y de otras fuerzas de seguridad  han sido objetivo reiterado de las bandas de delincuentes. Desde el comienzo de 2007 hasta julio de 2009, 73 soldados fueron víctimas de homicidio (diario Milenio, julio de 2009).

El ejército tiene autoridad legal para detener a presuntos delincuentes cuando auxilia al Ministerio Fiscal y a la policía en la ejecución una orden judicial o, al igual que todos los ciudadanos, si sorprende a un sospechoso en el momento en que esté cometiendo un delito. (AI, EFE, El Universal).

por Negra y Roja

El problema de la defensa de la vida privada se complica entonces, cuando se trata de definir el límite entre la zona de respeto de la vida íntima y familiar, y la libertad de expresión. La institucionalización del poder de información es una de las exigencias del mundo actual, ávido siempre de noticias. La información, en este sentido, es una necesidad vital y un derecho, pero también la intimidad lo es, de ahí surge la polémica.

Respecto a la libertad de información, encontramos dentro de sus límites la forma en la que se obtiene la noticia; este punto es importante puesto que va directamente relacionado con el derecho a la intimidad. Si no existe un deseo expreso de la persona de que la noticia sea difundida, se establecerá entonces el choque entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Otro límite lo encontramos en la veracidad de la nota; la nota no debe faltar a la verdad, no debe ser deshonesta. Por último, la nota debe responder al  interés social, al interés público.

La blogosfera no ha tardado en reaccionar ante el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, en el que se incluye una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que puede recortar muchos de nuestros derechos fundamentales en la Red y que permitiría, entre otras cosas, bloquear páginas web de intercambio de enlaces sin necesidad de una intervención judicial.

Juristas, periodistas, bloggers e internautas se han unido en un manifiesto “en defensa de los derechos fundamentales en Internet” para tratar de evitar la aprobación de dicha reforma. En poco más de 4 horas se han publicado más de 15.000 manifiestos. En Menéame ya está en portada y la etiqueta para difundirlo en Twitter es #manifiesto. Medios como Público, Bottup, 20minutos o CanalSolidario.org también se han suscrito.

Aquí tienes el manifiesto. Si tú también estás de acuerdo, suscríbete en twitter y difúndelo.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

por Negra y Roja

El derecho a la intimidad es un derecho de la persona. La intimidad es algo que la persona o la familia reserva para sí, haciendo exclusión de los demás, con respecto al conocimiento de ese algo; este derecho, mantiene intacta y desconocida nuestra vida familiar e íntima, ya que es innato, individual y reconocido universalmente; sin embargo, debe ser limitado allí donde comienzan el interés y la exigencia social del conocimiento.

 Es la tensión existente entre el individuo y la sociedad y que se traduce en un conflicto de intereses y derechos, individuales y sociales, cuya regulación presenta un difícil equilibrio. Respecto al honor, encontramos que es un derecho de la personalidad independiente del de la vida privada, aunque existen frecuentes entrecruzamientos entre ellos.

 Si bien el atentado contra la vida privada se deriva de una injerencia indebida de aspectos reservados de la vida de una persona, -aunque no se trate de un juicio adverso-, en el atentado contra el honor basta el agravio intencionado a la estimación propia o ajena de la víctima, aunque las imputaciones sean formuladas en base a datos conocidos.

 Lo anterior quiere decir que el atentado contra la vida privada, la víctima se siente afectada porque se dieron a conocer hechos que no deseaba fueran conocidos, en cambio, en el derecho al honor, se lastiman los sentimientos del sujeto pasivo y se daña la imagen y estima que la persona tiene en la sociedad o grupo al que pertenece. La diferencia sustancial entre los dos derechos estriba en que en el derecho a la vida privada, lo esencial, es lo que no incumbe a los demás; en el derecho al honor, lo que rebaja a los demás.

 El choque entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad se da, entonces,  en torno a la facultad de dar a conocer elementos que una persona ha decidido mantener en su esfera de intimidad y exclusión de información. Cabe precisar que, aunque el derecho a la información es un puntal decisivo  en los principios ideológicos democráticos,  tampoco es absoluto; así como el derecho a la intimidad tiene sus límites, el derecho a la información y la libertad de expresión también los tienen, ya que la información puede lesionar el derecho a la intimidad dando a conocer públicamente hechos o circunstancias de la vida privada de las personas.